La fiscal Ana María Caro solicitó esta restricción para Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba, denunciados por el hecho ocurrido durante los festejos de Año Nuevo de 2019.
La fiscal que interviene en la causa por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años en un camping de Miramar, pidió que los tres jóvenes acusados del hecho no puedan salir del país, luego de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense anulara el veredicto y el juicio por jurados en el que habían sido declarados “no culpables” y ordenara la realización de un nuevo proceso.
Ana María Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Miramar, solicitó esta restricción para Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25), denunciados por el hecho, ocurrido durante los festejos de Año Nuevo de 2019.
Caro realizó este pedido ante el Tribunal Oral en lo Criminal 3 (TOC 3) de Mar del Plata, que tuvo a su cargo el juicio por jurados que el último 17 de septiembre declaró “no culpables” a los imputados, y que según el reciente fallo de Casación deberá realizar uno nuevo.
La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini, hizo lugar el último jueves a un planteo presentado por los abogados de la víctima y consideró que en el proceso llevado a cabo hubo “un claro avasallamiento a los derechos” de la joven.
Los magistrados dispusieron la nulidad del juicio por jurados que tras cuatro jornadas de audiencias en el teatro Auditorium determinó que Pitman, Jaime y Villalba no eran responsables penalmente del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas” por el que estaban imputados.
El juicio por jurados realizado y el veredicto obtenido había motivado un recurso de queja por parte de los abogados de la menor, Maximiliano Orsini y Juan Pablo Gallego, quienes consideraron que presentaba una “insalvable nulidad”.
Entre los cuestionamientos planteados, los abogados subrayaban en su recurso la no intervención “necesaria en el juicio” de la asesora de Menores e Incapaces, “a la que se le negó su participación esencial” durante la declaración de la víctima “en condiciones de grave indefensión”.
Martín Bernat, abogado de uno de los acusados, consideró que el fallo de Casación es “de una gravedad institucional inédita, porque va en contra de un veredicto popular”, y aseguró que interpondrá un recurso ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Bernat, por otro lado, se arriesgó a decir que “acá lo que es nulo es la resolución de Casación porque se fundamentan en lo que dice en sus escritos el acusador privado pero ni siquiera accedieron a corroborarlo por medio de las grabaciones del juicio donde se puede comprobar fácilmente que la menor jamás fue avasallada ni estuvo en condiciones graves de indefensión”.
Finalmente Bernat, que considera insólito el fallo de Casación, manifestó: “No podemos presentar el recurso ante la Corte, que estamos seguros que va a revertir esta decisión, porque ni siquiera nos notificaron de la nulidad del juicio por jurados, algo que no creo que tenga antecedentes en el mundo. Evidentemente se trata de un fallo político, de alta peligrosidad jurídica”.